El prefecto de la ciudad boliviana de Pando, Leopoldo Fernández, fue detenido hoy por militares y será acusado por genocidio, confirmó este mediodía el presidente Evo Morales. "La detención de Fernández se realizó en el marco del estado de sitio que rige en Pando y es absolutamente legal", ratificó ante la prensa el mandatario boliviano.
También confirmó que la sede de gobierno de esa ciudad, distante 1.200 kilómetros de La Paz, fue ocupada por las Fuerzas Armadas.
El jefe del Estado destacó además el apoyo a la democracia boliviana brindado anoche por los presidentes de la región nucleados en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y confirmó que marcha "muy bien" el diálogo que el gobierno viene manteniendo con la oposición sobre algunos temas concretos, como el impositivo.
Morales afirmó que Fernández será acusado de genocidio, toda vez que fue señalado por el gobierno nacional como el responsable de armar o emplear escuadras paramilitares que el jueves último asesinaron a al menos 30 ciudadanos, la mayoría de ellos indígenas o estudiantes, en el marco de una crisis política que aqueja al país.
La detención de Fernández tuvo lugar en el marco de un operativo militar que tomó el control de la plaza principal de Cobija -capital del estado amazónico de Pando- y de la sede de gobierno, donde se encontraba el prefecto, informó una periodista de la red radial Erbol en transmisión desde Cobija, reprodujo DPA.
Según este reporte, Fernández abandonó la zona en un vehículo de color plomo del senador Paulo Bravo custodiado por uniformados, pero no se precisó el destino final del detenido.
El jueves pasado, una caravana de campesinos y estudiantes fue emboscada por sicarios aparentemente organizados por Fernández, y en la masacre murieron -sólo en ese hecho- unos 15 ciudadanos.
Otros 15 manifestantes fueron masacrados en operaciones similares y se supone que hay unos 70 desaparecidos, según estimaciones oficiales.
Ayer fueron detenidas y trasladadas a La Paz 12 personas acusadas de alentar o integrar la formación de grupos paramilitares, en tanto el gobierno nacional denunció que otros presuntos sicarios huyeron a Brasil, dada la cercanía territorial.
El gobierno nacional mantiene un fuerte conflicto con varios prefectos opositores, quienes reclaman por un recorte que el presidente Morales le hizo a sus rentas por producción de hidrocarburos para hacer frente al pago de una pensión a la tercera edad.
Sin embargo, el presidente boliviano sospecha que tras ese reclamo se esconden reclamos desmedidos de autonomías regionales y una férrea oposición al proyecto de reforma constitucional que impulsa el oficialismo
